Decreto Supremo 051-2011 no puede mantener criterios diferenciados  e injustificados sobre montos indemnizatorios para las víctimas del terrorismo

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, reiteró hoy su exhortación al Poder Ejecutivo para que modifique el Decreto Supremo Nº 051–2011–PCM, norma que dio inicio a las reparaciones económicas individuales, debido a que vulnera los derechos de las víctimas del período de violencia terrorista.

Esta norma fue observada en su oportunidad por vulnerar el carácter permanente del Registro Único de Víctimas y ha perdido su finalidad reparatoria, al establecer criterios cuestionables para la entrega de las reparaciones. Igualmente, por establecer un monto que resulta insuficiente para reparar el daño causado a las víctimas.

El representante de la Defensoría señaló que “las víctimas y sus familiares, merecen un trato justo, digno y equitativo por parte del Estado. No se pueden admitir criterios poco técnicos para el acceso a las reparaciones económicas individuales, como exigir más de 80 años a los padres de las personas desaparecidas o fallecidas, si la expectativa de vida en nuestro país, es menor”.

Sostuvo que tampoco se entienden las diferencias con las esposas o víctimas de violencia sexual o discapacidad que deben tener más de 65 años. “No han tomado en cuenta que hay personas que tienen enfermedades graves y requieren acceder a este derecho”, señaló  el funcionario.

Cabe recordar que el Decreto Supremo Nº 051-2011, dispuso el cierre del Registro hasta el 31 de diciembre del 2011, negándose el derecho de las víctimas para acceder al programa de reparación económica individual. Igualmente, se cuestionó el monto de las reparaciones establecidas en la norma por resultar menor al otorgado a otros grupos de víctimas como los Comités de Autodefensa. Según dicha norma las víctimas pueden acceder a 10,000 nuevos soles, cuando otras reparaciones otorgadas en el país llegan a 39,000 nuevos soles.

Por su parte, la Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, Gisella Vignolo, señaló que como parte de la política de inclusión que prioriza el Estado, se deben reconocer los derechos y justas demandas de las víctimas. “Las miles de viudas, madres y padres, hijos e hijas de valerosos miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, comités de autodefensa y población civil que sufrió de manera directa la violencia no pueden seguir esperando un reconocimiento por parte del Estado”, enfatizó la funcionaria.

De igual forma, sostuvo que desde noviembre del año pasado se encuentra pendiente de aprobación la propuesta de modificación al citado decreto supremo elaborada por la Comisión Multisectorial de Alto nivel (CMAN), entidad que fue creada por el Estado para atender la política de reparaciones, y que está integrada por diversos sectores como el Ministerio de Justicia, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Defensa, Interior, Salud, Educación, entre otros.

Asimismo, la funcionaria indicó que resulta injusto que existan personas que han fallecido sin poder acceder a esta reparación que constituye una obligación del Estado, como el caso de

la señora Francisca Barrueta Ramírez, quien falleció ciudad de Huánuco sin poder recibir esta reparación.

Las organizaciones de afectados civiles de la Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia Política del Perú (CONAVIP), y la Asociación de Viudas, Madres y Sobrevivientes de Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (AVISFAIP), se unieron hoy en una marcha nacional que congrega a las organizaciones de diversas regiones del país, como: Ayacucho, Huánuco, Junín, Huancavelica, Cuzco, entre otros, que solicitan a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo atender su demanda.

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Nota de Prensa Nº 103/DP/OCII/2012